En defensa de los derechos fundamentales en Internet

Que el mundo esta cambiando, no se le escapa a nadie.

Países que se desintegran en mil porciones, ecosistemas amenazados de muerte por la mano del hombre, guerras sin escrúpulos para saciar la voracidad del poderoso. Inmigración, crisis, ladrillo, corrupción, terrorismo, paro, hipotecas, gripes; A, B, C, D…una caída en barrena al mismísimo centro neurálgico de los infiernos.

Ante todo este maremagnum de despropósitos y desgracias, ahí, como una gota de semen en el vello púbico de Selene, ahí surge Internet.

Cuando a los poderosos se les escapa de las manos el control, se ponen nerviosos.  Se alteran, balbucean, dan palos de ciego no comprenden como un recién nacido medio de comunicación e interacción hecho a medida para “pedófilos y niñatos adictos a los videojuegos”, ponga en peligro el imperio y el control del que antes disfrutaban, y antes de cambiar su obsoleto modelo de negocio y adaptarse a los nuevos tiempos, optan por nadar en contra de la corriente tecnológica o lo que es peor aun, censuran o capan el imparable curso del progreso. 

Eso le esta ocurriendo a la industria discográfica y cinematográfica representada por la SGAE

No contentos con imponer un canon digital a todos los soportes capaces de almacenar, copiar o reproducir algúna copia digital, ahora amparados por el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible (una especie de reforma legal donde se modificaran algunas leyes, entre ellas alguna relacionada con Internet) se sacan de la manga una ley antipirateria que esta poniendo patas arriba Internet.

Miles de usuarios y profesionales de Internet consideran que la iniciativa del Ministerio de Cultura vulnera el derecho fundamental de libre acceso a los contenidos, crea un estado policial en la Red, y tiene un dudoso encaje legal al dejar abierta la puerta a prescindir de la intervención judicial para el cierre de páginas.

Pero vamos a ver en que consiste esta polémica ley que esta haciendo saltar chispas en toda la Red.

Básicamente, lo que hace es permitir que sea el Ministerio de Cultura, en lugar de un juez, quien tenga autoridad para cerrar una página web por incumplir la legislación sobre la propiedad intelectual. Hasta ahora, si la SGAE pretendía bloquear una de las muchas páginas donde se clasifican enlaces a descargas de música o películas, tenía que hacerlo por medio de una orden judicial. Y los jueces españoles, por el momento, estaban absolviendo a este tipo de webs por entender que no incumplen la ley, ya que sólo proporcionan información sobre dónde encontrar el archivo pirata, y no el archivo pirata en sí. Por llevarlo a la calle, donde los ejemplos son más fáciles de entender: es como si acusasen de piratería al vecino que te dice dónde se ponen los del top manta.

Si esta reforma legal sale adelante, en lugar de que sea un juez quien sentencie si hay que cerrar o no una página web cuando existe una denuncia de piratería, lo hará una comisión nombrada por el propio Ministerio de Cultura. Esa comisión, según la ministra de cultura Ángeles González Sinde, estará formada por “expertos independientes” que no solo decidirán los cierres, sino que podrán imponer sanciones administrativas o solicitar a los proveedores de Internet que revelen los nombres de sus dueños, lo cual ahora mismo solo se pude hacer mediante un juez, y esos expertos independientes muchos nos tememos que serán señores de la SGAE elegidos a dedo por el ministerio de cultura.

Mientras tanto periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet han creado un manifiesto donde muestran su oposición al Anteproyecto de Ley.

De momento la cosa no ha hecho más que empezar pero se prevé un inicio de año calentito entre los usuarios de la Red y los chupópteros del gobierno y la SGAE